Un despliegue de maldá insolente
“Si queremos una escuela Nacional y Popular
no permitamos que sigan con su farsa liberal.
Dale nomás, vamo´ a luchar
que en la victoria nos vamo´ a encontrar.
No dudes más, echate a andar
que la CTERA
nos llama a triunfar”
Fragmento de “Cambalache de la
educación”[1]
Por María Laura Izzo*
Luego de dichos y contradichos y
tras varias lavadas de cara, ha llegado formalmente la invitación del
Ministerio de Educación de la
Ciudad a los maestros, para someterse a su “mecanismo de
evaluación” (Clarín dixit). Antes que alguien levante su voz para decir que los
docentes nos oponemos a ser evaluados per se, proponemos esta lectura que
encierra contundentes argumentos por los cuales el conjunto de los trabajadores
de la educación, nos oponemos a esta evaluación impuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Decimos impuesta porque si bien
intenta presentarse como amablemente voluntaria, es impuesta en tanto los
docentes no hemos sido convocados para la discusión respecto a los contenidos,
metodologías y sobre todo, los objetivos de dicha instancia. En este sentido,
el enfoque de esta propuesta de evaluación es reduccionista, pues se centra en
un único actor del sistema educativo, los docentes. De esta manera, no
contempla las condiciones de enseñar y aprender, limitándose a la demagogia
evaluativa. En una rápida analogía, sería como pretender mejorar la seguridad
elevando los años de condena.
Los docentes de la ciudad de Buenos Aires organizados
en la UTE (Unión
de Trabajadores de la
Educación) hemos evaluado (sí, lo hacemos todo el tiempo) y a
partir de allí, elaborado muchas propuestas para el área primaria: la inclusión
de pareja pedagógica, de preceptores, de celadores de comedor, cobro por hora
cátedra, entre otras. En cuanto a la evaluación docente, entendemos que es una
parte del proceso de capacitación y formación, y pensamos que esta debe ser
gratuita, en servicio, regulada por el Estado y en ningún sentido punitiva.
Reivindicaciones que hacen a la totalidad del sistema educativo, todas desoídas
en contraposición con la instalación de temas que nos ponen en posición de
resistencia permanente (paradójico para un jefe de gobierno que le pide
victimizándose, diálogo a la presidenta).
Es interesante analizar que para lograr convocatoria y
tras el posicionamiento fuertemente argumentado de los docentes en oposición a
las propuestas, el discurso se ha ido moldeando a lo largo de los últimos
meses. De “Los docentes deberán rendir evaluaciones de conocimiento y
desempeño, cuyos resultados impactarán en su salario” (Declaraciones de Esteban
Bullrich en Perfil, febrero 2011), a “conocernos más para enseñar mejor”, como
es el lema de la campaña de difusión o “la única consecuencia será la
posibilidad de obtener una puntaje”, tal como manifiesta la carta del ministro
a los docentes y “el único
objetivo de estas evaluaciones es recopilar información para aplicarla en la
mejora de los procesos de enseñanza” (Bullrich en Clarín, agosto de 2011). Tras
estas últimas declaraciones, pareciéramos coincidir en que la evaluación no es
una política en sí misma, sino una herramienta para obtener información y lo
que se lleva a cabo con ella es efectivamente la política.
Sin embargo, porque tenemos memoria, dudamos de las
afirmaciones del ministro de educación, ya que dice querer mejorar y
diversificar la oferta de formación del CePA, aunque bien conocida es la
política de vaciamiento que la actual gestión ha llevado adelante con esta
institución en la cual hoy en día se siguen cerrando cargos y cursos.
Dudamos, porque en este mismo sentido, esta gestión no
tiene ninguna política respecto a la venta de cursos, paupérrimos en cuanto a
la tan mentada calidad educativa.
Dudamos porque desconoce que los docentes ya somos
evaluados año a año por las Juntas de Clasificación y por las conducciones de
nuestras escuelas.
Dudamos porque desoyendo nuestras propuestas,
pareciera temer a una distribución democrática del capital simbólico y querer
configurar los mecanismos para igualarla a la distribución del sistema
económico.
Dudamos porque a pocos días del cierre de inscripción
a la evaluación llegó a las escuelas la información de que los docentes de
segundo ciclo también podían inscribirse (cuando la convocatoria original lo
era únicamente para los del primero), evidenciando aún más la improvisación de
este poco serio “proyecto de mejora de la educación”. También llegaron cartas
personalizadas a nuestros domicilios, con nuestros teléfonos celulares en el
sobre (¿resabios de Ciro James?).
Dudamos porque el proyecto de creación del cargo
“maestro de maestros”, cumple un papel de mero incentivo para alinearse a las
tropas macristas, evadiendo los mecanismos estatutarios y desconoce el rol
pedagógico de las conducciones de nuestras escuelas. Durante una mañana de agosto,
en una entrevista con Víctor Hugo Morales, el ministro comentó livianamente (y
me permito aquí parafrasear) que esta nueva figura alivianaría de su carga de
trabajo pedagógico a los directivos, quienes tienen ya demasiada tarea
administrativa. ¿Acaso no es desde su conocimiento pedagógico, conformado por
su formación y experiencia, que los directivos ejercen su principal incidencia
en el sistema? Con esto, la discusión que abre la creación del cargo maestro de
maestros, es si lo que presenta como evaluación no es más bien el acceso a un
cargo sin respetar el concurso docente.
Por otra parte este cargo fomenta la competitividad e individualismo, promueve
la escisión entre los compañeros; estas políticas apuntan a romper los lazos
solidarios, cada cual corriendo tras unos puntos o unos pesos, no importa el
caso. Sin tiempo de evaluar nuestras prácticas, de producir conocimiento.
Y me permito seguir dudando porque al cierre de esta
edición, los trabajadores de la educación de la Ciudad nos encontramos en
estado de alerta, reuniéndonos a diario en plenarios por distrito para resistir
un nuevo embate, la anulación del artículo 10° del Estatuto del Docente. Cabe
aclarar que este artículo es nodal, es el motivo por el cual dicha herramienta
legal fue creada. Este artículo establece la constitución de Juntas de
Clasificación, quienes clasifican al personal por orden de mérito teniendo en
cuenta sus títulos y antecedentes, para el acceso a los distintos cargos. En suma, resguarda a los trabajadores y a la Educación Pública
de las designaciones arbitrarias de cualquier autoridad, colocando a la escuela
pública por fuera del clientelismo del que salió gracias a la lucha de los
docentes para lograrlo en el año 1958[1].
Sin él, el Estatuto pasa a ser una regulación del régimen de licencias.
Este proyecto viene presentado nuevamente en una
versión embellecida (ninguna de las explicaciones directas del precedente
párrafo son mencionadas, claro) pero vacía de argumentos y llena de mentiras.
Duran Barba sigue valiéndose de sus artilugios para encubrir el proyecto
claramente neoliberal y dictatorial del gobierno macrista.
La estructura original
de este escrito fue pensada para un boletín que circula en las escuelas,
y terminaba convocando al ministro y sus técnicos a discutir. Hoy, convoco a
toda la comunidad educativa, a todos los docentes y padres a formar parte de
esta lucha. Y anticipo a quienes en nombre de la calidad educativa vacían
nuestra escuela y ningunean nuestra tarea, a la “opinión pública” que se deja engañar
fácilmente con globitos de colores, que si en los próximos días decidimos; ante
la negativa del Gobierno de la
Ciudad de permitir el desarrollo de las elecciones de Junta,
ante la posibilidad de que se nos arranquen cincuenta años de historia; tomar
medidas de lucha, llámense seguramente paro; que quienes estamos día a día en
la escuela trabajando, defendiéndola y recuperando el rol central del
conocimiento, no dejamos de enseñar sino que enseñamos a luchar. Porque luchar
tiene sentido.
*Maestra de 3° de la escuela 10 DE 8
