Trapitos
y Vecinos.
Una división que convenció y legisló
Por Natalia Castrogiovanni
nataliacastrogiovanni@elpancholacoca.com.ar
La crónica es siempre la misma: vas a algún espectáculo público, querés estacionar el auto, se acercan los “trapitos”, te cobran por tu estadía en la calle. La ilegalidad de esta actividad me parece que queda clara para todos: se privatiza el espacio público en manos privadas, que no sólo lo usufructan, sino que también regulan su circulación. Pero no sólo esta actividad es ilegal, sino que también está a cargo de una pobreza deslucida. Analicemos estas lógicas primero, para luego meternos a repensar las respuestas que otorga la Ciudad a los conflictos de su ciudadanía.
Por
un lado, la privatización del espacio público, no sólo se legaliza al venderse
dicho espacio en detrimento de la soberanía nacional, sino que también por el
otro, se legitima a partir de diversas operaciones políticas. De esta manera,
privatizar el espacio público requiere de dos operaciones: legalizarlo a partir
de su venta y legitimarlo a partir de las prácticas sociales que generen
representaciones en torno a la privatización ligadas con adjetivos de
conveniencia: efectividad, eficacia, eficiencia, modernidad, tecnología, etc.
Estas prácticas pues, se ven ligadas con operaciones de deslegitimación de lo
público: discursos de la ineficacia, de su corrupción, de su inseguridad, etc.
De
esta manera, por ejemplo, tenemos por un lado, los piquetes, que toman el
espacio público legalmente (derecho a la protesta) pero con poca legitimidad en
el espacio de la Ciudad
de Buenos Aires (por su molestia, el “caos” que provoca, su (no)tratamiento en
los medios, etc.). Por el otro, tenemos privatizaciones del espacio público a
partir de las estaciones de peaje, que limitan la libre circulación (derecho
utilizado también en los discursos sobre piquetes, pero ni entendido como un
derecho vulnerado a partir de dichas cabinas de cobro), pero que cuentan con
una amplia legitimidad social, siendo que retroalimenta el mantenimiento de las
rutas y autopistas y siendo que dicha privatización se presenta como estable,
agradable a la vista, legalizada administrativamente, etc. Pero recordemos: si
los trapitos ganan plata de forma privada a partir del uso del espacio público,
de igual manera lo hace la
Autopista del Sol.
Volviendo
al tema “Trapitos”: la privatización que ellos generan del espacio se torna
sumamente conflictiva no sólo por la ilegalidad de su actividad, sino por la
imposibilidad de desarrollar prácticas legitimadoras, y por lo contrario,
mostrarse como una pobreza deslucida, gris, cansada e impune que hace suyo el
único espacio del que puede llegar a disponer a partir de su usurpación: el
público.
Y
esta legitimación no sólo se ve imposibilitada por la actividad que indigna a
los “vecinos” de la Ciudad
(¿Por qué los trapitos no son vecinos? ¿Cómo cerramos la categoría?), sino
también por los sujetos que la desarrollan, que no son, por lo menos desde el
discurso, abordados desde leyes y políticas sociales tendientes a la
efectivización de derechos (como son otros grupos: los niños, los ancianos, los
enfermos, los estudiantes, los discapacitados), sino que son sólo esto: hombres
y mujeres adultos que aparecen a la vista pública como maduros, jóvenes, sanos,
capaces pero desocupados. Y de ahí el imaginario no para: desocupados porque
quieren, porque es más fácil cobrarle a los “buenos vecinos”, porque no les
gusta el trabajo, etc.
Pero
me gustaría, una vez, descentrarnos de esa preocupación. Es más: Si, quizás no
quieren trabajar. Y?!?!!??!?!? Los instrumentos de derechos humanos, por ahora,
no nos permiten hacer tests sobre el deseo de trabajar, por lo que al Estado
respecta, las motivaciones no importan a la hora de legislar y formular
políticas sociales. Pero el uso político del imaginario social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
Macri no tarda en aparecer. De no ser así, no podrían referirse a lo
siguiente como si esto representara una
solución:
“…Mauricio Macri,
instruyó hoy a los legisladores de PRO a que promuevan sobre tablas la
aprobación de una Ley que prohíba el
accionar de los denominados “trapitos”, que obligan a pagar a los
vecinos para estacionar en lugares públicos aprovechando la concurrencia a
distintos espectáculos. El objetivo es reformar un artículo del Código
Contravencional para que se prohíba en
forma absoluta el accionar de los “trapitos”, los “cuidacoches” y los
“limpiavidrios” que amedrentan a los ciudadanos”.
Publicación en Página del
Gobierno de la Ciudad:
buenosaires.gov.ar
11 de Noviembre de 2010.
Me
gustaría puntualizar algo ya no respecto de la actividad de los “trapitos”, que
puede ser entendida o no, sino sobre la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. En materia de
legislación y políticas sociales, y a partir del marco de derechos humanos, se
supone y les exigimos que gobiernen por la
positiva: es decir, políticas y leyes que amplíen, aseguren, efectivicen,
garanticen DERECHOS. Sin embargo, desde el Macrismo esto se hace por la negativa: prohibiendo (¿y sin ese
ingreso, que harán esas familias?), destituyendo su molestia y visibilización
(¿y si no se ven, que será de esas familias en el olvido?), y por lo tanto
VULNERANDO DERECHOS. Esto sucede a pesar del
imaginario de la ciudad, a pesar de las motivaciones de los trapitos, a pesar
de la indignación de los “vecinos”. Si no se gobierna por la positiva, las
respuestas a los conflictos son represivas e invisibilizadoras. No sé si hay
mucha vuelta más para darle.
