IMPUNIDAD,
BO’
Por Mariano
Salvatierra
Unos días antes de la votación, el pepe visitó a sus legisladores;
irrumpió en el Parlamento junto al vicepresidente Danilo Astori. Consideraron
que el proyecto de ley que aprobaría la cámara comprometía al futuro del Frente
Amplio (FA): "No vengo a pedirles que no voten, pero siento la necesidad, más
que como presidente, como integrante de la fuerza política, de decir que éste
es un camino equivocado”. Porque
entendía que no se podía sobrepasar por sobre los plebiscitos donde el pueblo
se pronunció en dos ocasiones mayoritariamente. Así, el culto por la impunidad,
seguiría devorando años por sobre la sociedad uruguaya y la necesidad
electoral…
En
1971, una coalición de partidos y militares de corrientes progresistas, crearon
el FA, con el apoyo crítico de Tupamaros. En 2004 obtuvieron el triunfo
nacional llevando a Tabaré Vázquez a la presidencia; a partir de allí el
Movimiento de Participación Popular (MPP), de tradición tupamara, comenzó a
crecer conformando un importante centro de gravedad, y logrando en el 2010,
colocar a uno de sus líderes, José “pepe” Mujica, como presidente. En sus
inicios el FA levantó tres banderas fundamentales: la soberanía nacional, la
independencia económica y el poder autónomo de decisión (nacionalización de la
banca, del comercio exterior y reforma agraria).
Desde sus inicios hasta el 2010, el FA fue desplazándose hacia el
centro, ampliando su base electoral y disolviendo el programa original. Sin
embargo, esto no significaría ni la traición al votante, ni tampoco a sus
principios; sino más bien, un desarrollo programático-económico que busca una
salida del camino lodoso de los años neoliberales, tal como señaló el dirigente
histórico Tupamaro Marenales que “aun los que pensamos y militamos para una
acumulación estratégica antisistema, tenemos que reconocer que dadas las
condiciones en que dejaron el país los gobiernos anteriores de los partidos
tradicionales, con la destrucción del aparato productivo y la consecuente
pérdida de puestos de trabajo, aumento de la informalidad, etc., una etapa
progresista resulta insoslayable(…)” . El gobierno se ha caracterizado como
señala el Dipló, “por una mayor
transparencia y una gestión más honrada de la cosa pública”, dignificación de
“la actividad sindical y el trabajador como actor social”; como también política social hacia los más
carenciados. Sin embargo, a partir de allí comienza otro camino donde los
matices y las contradicciones comienzan a tomar protagonismo: la soja
desplazando la ganadería; el capital extranjero con mayor inversión, pero con
más fuerza y presencia; continuidad de una relativa degradación distributiva
del ingreso; la famosa Botnia que no paga impuestos; y un Estado que se
sostiene con el ingreso tributario del IVA e impuestos a sectores medios y
altos. De modo que es el sector popular quien sostiene al Estado, en vez de
Aranceles de aduana o gravámenes de capital.
Y
es en este marco que las opiniones del frente se dividen: se contabilizan 29
grupos internos.
En
mayo de este año el FA se vio nuevamente acorralado en dilemas, enfrentándose
internamente y demostrando que a diferencia de su vecino próximo, aún le queda
una enorme etapa de madurez para llevar adelante una política de derechos
humanos coherente. La visita de Mujica al Parlamento tuvo más peso que una
carta firmada por 29 referentes públicos de la izquierda uruguaya: la ley de
caducidad siguió vigente. En 1989 y en 2009 se realizaron dos consultas
populares, pero los votos no alcanzaron para anular la norma. En 2010 la CIDH se pronunció sobre el
“caso Gelman” contra el Estado uruguayo y el gobierno del FA elaboró e impulsó
un anteproyecto de Ley Interpretativo, que hubiera permitido reabrir los casos
de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. En un
congreso extraordinario en el 2008 los frentistas decidieron acabar con aquella
ley injusta; la Suprema
Corte de Justicia de Uruguay determinó una semana antes del
debate parlamentario que los crímenes cometidos durante la dictadura no son
delitos de lesa humanidad, sino “homicidios especialmente agravados”. La Corte Penal
Internacional considera que los de lesa humanidad no expiran, pero para la ley
uruguaya, los que no entran en esa categoría prescriben después de 20 años (26
y 8 meses en casos especiales).
El
debate comenzó a las 15.30 del jueves 19 de mayo y concluyó a las 5.30 de la
madrugada del viernes. Los partidos tradicionales encontraron, obviamente,
adeptos que se amalgamaban con el respeto hacia los predecesores plebiscitos.
Segundos antes de la votación, el diputado Felipe Michelini, frentista de Nuevo
Espacio, hijo del sindicalista uruguayo asesinado en Buenos Aires en 1976, Zelmar Michelini, dio un respiro esperanzador
cuando vomitó un sentimiento de eterna búsqueda: “Mientras haya un
desaparecido, esta fuerza política va a seguir bregando por la verdad, la
memoria y la justicia”. Luego votaron. Eran las 5.25. Los frentistas escucharon
el resultado, eran 49 a
favor contra 49 en contra. Entre todos ellos, la cabeza del desempate que se
asomaba y que podría haber resuelto la votación a favor del oficialismo, era
nada más y nada menos que el oficialista Víctor Semproni del Espacio 609; el
que tan sólo votó en contra y se retiró del recinto. “Discrepamos con la
propuesta porque creemos que hay mejores”, dijo el parlamentario, a pesar de
que el año pasado dio media sanción a la iniciativa.
A
contramano de lo que pidió el plenario frentista a sus dirigentes, el ex
Tupamaro dijo que estaba dispuesto a abandonar su banca si así se lo pedía el
Espacio 609.
Tal
vez sea este, uno de los tantos que desoyeron las piernas hinchadas de aquellos
que no se cansan de caminar año tras año, marcha tras marcha, contra la
injusticia y la desaparición. O quizás, sea este político, uno de los tantos
que no leyó la carta que le enviaron al presidente, la misma que no triunfó
sobre la presencia del pepe; puede ser que no le haya llegado, que le haya
pasado por alto, de modo que sería bueno trascribir un fragmento aunque ya sea tarde: “Se ha dicho que la profundización del
proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos
queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que
nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el
proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las
críticas de otros partidos. Discrepamos fraternalmente con este punto de vista.
(…) Si nos convencemos que debemos dejar el camino por nuestra identidad, no
importa cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque
ganemos”.
Fuentes:
Página 12, año XXIV,
sábado 21 de mayo de 2011. Buenos Aires.
Le monde
diplomatique, año XII, n° 143, mayo 2011. Buenos Aires.
