Nuestra América

 La persecución financiera del CIADI


Por Modesto Emilio Guerrero*

Como si se tratara de una conspiración financiera internacional o de una nueva "crisis" de la deuda externa, varios países latinoamericanos viven en vilo por los fallos del tribunal internacional del CIADI. Llama la atención que los más agredidos por este organismo judicial del Banco Mundial son los regímenes remisos al control imperialista, considerados "progresistas", o de centro izquierda". Venezuela, Argentina, Ecuador,  y Bolivia son los cuatro más demandados por las multinacioales en el CIADI.

Desde hace casi una década, varios países latinoamericanos y muchos del tercer mundo viven pendientes de los juicios de un tribunal internacional conocido como Centro Internacional de Arreglo de Controversia sobre Inversiones (Ciadi), dedicado a procesar demandas millonarias de empresas multinacionales contra los Estados.
Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México acumulan facturas por unos 80.000 millones de dólares en juicios por decisiones gubernamentales que afectaron in­­versiones radicadas en sus economías. Esta suma escala a casi 200.000 millones de dólares si ampliamos el mapa de juicios a los más de 60 paí­ses de América latina, Asia y África que esperan sentencia en el Ciadi.

Esta entidad fue fundada en 1965 para proteger las inversiones externas directas mediante Tratados de Protección. “Las demandas solamente pueden ser planteadas por empresas contra Estados y no al revés. No hay una instancia superior, en consecuencia, las decisiones del Ciadi son inapelables e irrevisables”, señaló en 2007 el economista belga Alan Goods, motivado por la denuncia del Ciadi que hicieron tres Estados de la Alianza Bolivariana de las Américas, Alba. Según datos del sitio especializado en deuda externa con sede en Bruselas cadtm.org, de las 252 sentencias emitidas hasta 2009, un total de 250 las perdieron los Estados.

Una revisión de los documentos de esta entidad evidencia que la montaña de dinero a cobrar es el resultado de la cantidad de Tratados de Protección de Inversión firmados por cada país en las últimas dos décadas. El 72% de los juicios actuales figuran desde 1991, cuando el neoliberalismo campeaba por el mundo. En sus primeros 35 años de existencia se firmaron 602 Tratados de Protección de Inversiones entre Estados y empresas, mientras que en casi la mitad de ese lapso, 18 años, se triplicaron hasta llegar a los 1.857 Tratados (Sonia R. Jiménez, Unam, México 2009).

Hasta el año pasado, ciento cuarenta y siete países habían aceptado sus normas, pero actualmente varios gobiernos tratan de alejarse del Ciadi. Esta tendencia fue inaugurada por Bolivia y Ecuador entre 2007 y 2009, cuando ambos Estados renunciaron al organismo para no pagar las demandas millonarias a favor de empresas extranjeras afectadas por decisiones oficiales. Ecuador fue sentenciada a pagar 12.000 millones de dólares y Bolivia unos 4.000 millones. Desde entonces, otros cuatro países de nuestro continente, cinco del Medio Oriente y tres de Europa oriental intentan huir de este tribunal.
Guiados por las estadísticas del Ciadi/Banco Mundial, desde el año 1975 hasta 2011, su Tribunal Internacional de Controversias, con sede en Washington, juzgó y resolvió sobre 228 juicios contra 98 países. En 81 casos perdieron Estados de América latina y el Caribe, le siguió África negra con 45 resoluciones en contra, Asia con 34, los gobiernos del mundo árabe con 28 sentencias desfavorables; el resto de los juicios tuvieron que pagarlos nueve Estados europeos de la ex Urss, Turquía y los pequeños países de la lejana Asia.

La Argentina es la nación con más demandas en contra dentro de los tribunales del Ciadi. Un total de 58 causas desde el año 2002 en adelante por las que deberá sufragar alrededor de 20.000 millones de dólares, luego de negociar una rebaja de casi 30.000 millones en 2009.

En América latina le sigue Venezuela con 22 demandas a un costo aproximado de 42 mil millones de dólares en expedientes, más del total de sus reservas actuales (Dr. Luis Britto García, Aporrea, Caracas 18/01/11).

Los tratados de inversión se pactan por alrededor de 10 años. Argentina estaría más presionada porque sus juicios comenzaron entre 2001 y 2003. Aunque en el país caribeño aparecieron casi todos entre 2007 y 2009, cuando se nacionalizaron y expropiaron más de 60 propiedades, el monto supera el doble de Argentina. En ambos casos la presión sobre sus reservas y finanzas será la misma.

La mayoría de las sentencias del Ciadi recaen sobre países latinoamericanos que pertenecen a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Alba, que sostienen políticas autónomas respecto de los principales organismos financieros internacionales. En este contexto, se justificaría la expresión del intelectual venezolano Lusi Brito García, quien calificó lo que hace el Ciadi, como un “golpe judicial”.



NI UN PASO ATRÁS

Por Mauricio José Amiel
mauricioamiel@elpancholacoca.com

¿Cómo percibir, desde acá, desde todo el ancho de un país de por medio, a pesar de toda la información, de la comunicación satelital, del material audiovisual, cómo percibir, digo, en su justa medida, lo que está sucediendo en Chile en este preciso instante? Universidades en constante movilización. Secundarios que hace seis meses no tienen clases y en los cuales 70 mil estudiantes rechazan el plan estatal "Salvemos el año escolar" por juzgarlo una solución no pedagógica, tomando posición frente a la constante discusión cuando al momento de luchar por una mejor educación se suspenden las clases. Mi opinión es la suya: más vale tardar un año más en hacer el secundario si lo que se busca es hacer que el acceso a la educación sea irrestricto. Más vale formarse como ciudadanos responsables que toman partido en la construcción de la sociedad y de la presente, del futuro y de la historia que se hará de ello. Sobre todo cuando la unión es tan fuerte y la situación que se busca cambiar no incluye sólo el ámbito de la educación: Chile sufre ahora los efectos de un desigual crecimiento de la economía generado por las políticas neoliberales que su parlamento pinochetista impulsa, bancado en gran medida por una clase media que se beneficia –sólo aparente y momentáneamente- con ellas. La gestión actual tiene el apoyo popular por el suelo –y la tendría enterrada ya sino fuera por el golpe mediático que fue el rescate de los mineros y por los pinochetistas asumidos- y los estudiantes representan en este momento el desafío más grande con el que tiene que lidiar el gobierno. Porque hasta ahora lo único que han hecho es lidiar; no ha habido por parte del gobierno de Piñera, ni con el anterior ministro –que provenía del Opus Dei- Joaquín Lavin, ni con Felipe Bulnes, el actual, voluntad de acceder a los justos reclamos de los estudiantes. Y que se entienda, de todos los estudiantes, porque la movilización no la lleva adelante solamente, como sucede acá, el sector público, por una clara razón: todas las universidades y la mayoría de los colegios son pagos. El gobierno sigue proponiendo parches y aceptando sólo a medias las propuestas de los movilizados. Giorgio Jackson, presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad Católica, lo expresa mejor: “no existe verdadera voluntad por parte del gobierno de cambiar el escenario ni de cambiar las injusticias que se viven hoy día en el sistema educacional. El gobierno no quiere tener un diálogo constructivo, sino más bien ejercer presión para desgastar el movimiento, que ha tenido eco en la mayoría del país”. [1] De hecho, Piñera y asociados esperaban que la movilización cayera después de la tragedia aérea que conmocionó a gran parte del país, pero eso no sucedió. El 22 de septiembre, mientras él estaba en la Asamblea de las Naciones Unidas diciendo que su gobierno “está a favor de una causa noble, grande, hermosa como es dar educación de calidad para todos los jóvenes” [2], 180 mil personas se movilizaban por el centro de Santiago contradiciéndolo.
Al gobierno de Piñera parece no importarle en nada, y sigue en su postura de denigrar la organización estudiantil. Denigrar y reprimir: nunca olvidemos que el conflicto se ha cobrado, tristemente, la vida de un pibe, Manuel Gutiérrez, de 16 años, que fue alcanzado por una bala que salió del arma de un carabinero.
A la fecha el panorama es ese. Un gobierno tan intransigente en su postura neoliberal de mantener una educación privatizada prácticamente en su totalidad, para la cual su único aporte son créditos que los estudiantes tardan largos años en pagar, frente a una movilización que aglutina a todos los sectores de los estudiantes –y en menor medida a docentes y padres- que a la par que va ganando apoyo popular[3] también se muestra intransigente en su lucha por lograr la anhelada educación pública.
Les dejo, de yapa, algunos de los cantitos que se oían en las marchas: “Menos plata pa’ los tanques, más plata pa’ los estudiantes” “No hay beneficio sin sacrificio” “Nuestros hijos no pasarán de curso, pero pasarán a la historia”.