Social

BOEDO, TIERRA SANTA

“Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío?
Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche.
No hay nada menos vacío que un estadio vacío.
No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”
E. Galeano


Por Pablo Perez
pabloperez@elpancholacoca.com.ar  

Tenía razón Manzi al rezar que a este costado del sur ya nunca lo verás como lo vieran… Caminar hoy por el barrio de Boedo es acercarse a la leyenda de lo que fue y hoy no es. Es reconocer viuda a la vieja Avenida La Plata, sin su desaparecido esposo de metal y tablón. Algo falta desde hace 29 años.
Era 1982 y la última dictadura cívico militar argentina comenzaba a retirarse. Tras su paso dejaba un charco de sangre y silencio, una economía de rodillas y los lazos sociales fracturados. Ese mismo año era desguazado el estadio del Club San Lorenzo de Almagro. Grúas y camiones circulaban por Avenida La Plata trasportando los restos del Gasómetro.
El intendente de facto de la Ciudad de Buenos Aires, Brigadier Osvaldo Cacciatore, daba rienda suelta a sus ínfulas de urbanista y diseñaba nuevas arterias y trazados en la Capital. En el marco de su plan de reordenamiento urbano entendió que el barrio de Boedo necesitaba de la apertura de las calles Muñiz y Salcedo. Esto, sumado al plan de construcción de viviendas y escuelas en el sur porteño, le brindaba al gobierno la oportunidad de cobrarse una deuda impositiva con el Club fundado por un grupo de jóvenes bajo el amparo de un viejo cura salesiano.
Ahora bien, ¿qué otro tipo de planes estaban entreverados con estos planes urbanísticos? Los nuevos diseños para el barrio de Boedo apuntaban también a  reconfigurar –o desconfigurar- los andamios de los lazos sociales y comunitarios barriales, concretando a nivel local las operaciones para desmantelar la cultura popular y la participación social. El exterminio de los espacios de encuentro y solidaridad entre vecinos, como los clubes, eran un objetivo. Pero además, San Lorenzo se convirtió en un blanco particular, ya que había tenido una conducta políticamente “incorrecta”. Por ejemplo, se había negado a tener gestos de complicidad y aprobación al Gobierno Nacional durante la organización del mundial de fútbol del 78.  Sumado a esto, el Club nunca nombró socio honorario a ningún integrante de las armas gobernantes, como sí lo habían hecho en otros clubes, los cuales fueron altamente beneficiados durante el mismo período. Asimismo, nueve desaparecidos de San Lorenzo eran reconocidos por su práctica social y deportiva dentro de la institución, mientras otros tantos eran reprimidos por las fuerzas del orden al pedir la reapertura del club. Todos estos sucesos se entremezclaban con el recuerdo de Don Pedro Bidegain, presidente del Club que conoció la cárcel de Ushuaia en tiempos de Uriburu por estar ligado al gobierno democrático desplazado por los infames.
Claro que el objetivo político no era el único que proyectaba Cacciatore. Luego del saqueo y la destrucción, el predio de Avenida La Plata fue vendido a una sociedad fantasma constituida ad hoc al insignificante precio de U$S 900.000. Se confirmaba entonces la mentira de la reasignación urbana. La apertura de calles,  la construcción de viviendas y escuelas eran una nueva estafa de parte del intendente de facto.
Dos años más tarde y en una de las últimas decisiones de la intendencia dictatorial, el lote que supo ocupar San Lorenzo era sometido a una nueva rezonificación que ahora permitía la construcción de espacios comerciales. Poco tiempo después, se hacía del terreno una firma francesa de hipermercados por la suma de U$S 8.000.000. 
La resignación de los vecinos y los socios ante  semejante desfalco solo puede ser entendida en el contexto de la oscuridad y el plomo. Y fue así, con dolor, que soportaron  la derrota, el engaño y la pérdida, no sin guardar una esperanza apretada contra el pecho.
Cuando se cumplían 19 años del último partido jugado en el desaparecido estadio, una tarde de diciembre de 1998 el historiador y socio Adolfo Res pronunció por primera vez aquello que muchos soñaban. “Es posible volver a Avenida La Plata, es posible volver a nuestra Tierra Santa”, dijo, aunque, en pleno menemato, pocos fueron los vecinos y sanlorencistas crédulos.
Pero todo cambió con la llega de Nestor Kirchner al gobierno. La reapertura de las causas por delitos de Lesa Humanidad permitió revisar el actuar económico, social y cultural de los intendentes y gobernadores de facto. La historia de la apropiación de la tierra añorada comenzó a transmitirse y caló hondo en los más jóvenes, quienes se convirtieron en motor y sostén del reclamo. Conferencias, charlas, textos, blogs, juntadas y marchas comenzaban a gestar un clima de compromiso y esperanza. La vuelta a Boedo comenzaba a sumar adherentes de diversas procedencias y espacios: las Madres de Plaza de Mayo –quienes dedicaron una jornada en el ECUNHI (Ex. ESMA) a la discusión y difusión de la causa sanlorencista-, el Juez Zafaronni, diputados porteños y nacionales de distintas fracciones políticas y diversas personalidades de la cultura.
Volver a Boedo es, más allá o junto con el fervor por un equipo de fútbol, la posibilidad de reconstruir los lazos sociales y recuperar un espacio cultural y deportivo en el sur postergado de la Ciudad. Es la lucha por la victoria de lo comunitario sobre la fragmentación social. Es ver la resurrección de un barrio y sus protagonistas en el escenario de la calle y el club: los pibes jugando, los viejos reuniéndose, las familias celebrando los carnavales, los jóvenes en recitales y fiestas, los vecinos gestando programas de cultura popular como la biblioteca Osvaldo Soriano…  Es la primacía de la memoria sobre el olvido. Es un acto de justicia.
La peregrinación del sueño está en marcha. El jueves 8 de septiembre se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conformación de la Comisión Especial que buscará que el Proyecto Social, Cultural y Deportivo de Reparación Histórica nacido de los hinchas y socios del Club San Lorenzo de Almagro sea tratado y aprobado. Dicho proyecto fue acompañado en su anterior presentación en la Comisión de Deportes por 40.000 simpatizantes del Club de Boedo frente a la Legislatura Porteña. Quizás éste sea el tiempo en el que las voluntades y las convicciones políticas se aúnen para hacer posible que, como dice Eduardo Bejuk, “en avenida La Plata, bajo el sol de una tarde cualquiera, un pibe se ponga en la fila para entrar a la cancha, mientras el viejo le acaricie la cabeza”.



Un despliegue de maldá insolente

“Si queremos una escuela Nacional y Popular
no permitamos que sigan con su farsa liberal.
Dale nomás, vamo´ a luchar
que en la victoria nos vamo´ a encontrar.
No dudes más, echate a andar
que la CTERA nos llama a triunfar”
Fragmento de “Cambalache de la educación”[1]


Por María Laura Izzo*

Luego de dichos y contradichos y tras varias lavadas de cara, ha llegado formalmente la invitación del Ministerio de Educación de la Ciudad a los maestros, para someterse a su “mecanismo de evaluación” (Clarín dixit). Antes que alguien levante su voz para decir que los docentes nos oponemos a ser evaluados per se, proponemos esta lectura que encierra contundentes argumentos por los cuales el conjunto de los trabajadores de la educación, nos oponemos a esta evaluación impuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Decimos impuesta porque si bien intenta presentarse como amablemente voluntaria, es impuesta en tanto los docentes no hemos sido convocados para la discusión respecto a los contenidos, metodologías y sobre todo, los objetivos de dicha instancia. En este sentido, el enfoque de esta propuesta de evaluación es reduccionista, pues se centra en un único actor del sistema educativo, los docentes. De esta manera, no contempla las condiciones de enseñar y aprender, limitándose a la demagogia evaluativa. En una rápida analogía, sería como pretender mejorar la seguridad elevando los años de condena.
Los docentes de la ciudad de Buenos Aires organizados en la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) hemos evaluado (sí, lo hacemos todo el tiempo) y a partir de allí, elaborado muchas propuestas para el área primaria: la inclusión de pareja pedagógica, de preceptores, de celadores de comedor, cobro por hora cátedra, entre otras. En cuanto a la evaluación docente, entendemos que es una parte del proceso de capacitación y formación, y pensamos que esta debe ser gratuita, en servicio, regulada por el Estado y en ningún sentido punitiva. Reivindicaciones que hacen a la totalidad del sistema educativo, todas desoídas en contraposición con la instalación de temas que nos ponen en posición de resistencia permanente (paradójico para un jefe de gobierno que le pide victimizándose, diálogo a la presidenta).
Es interesante analizar que para lograr convocatoria y tras el posicionamiento fuertemente argumentado de los docentes en oposición a las propuestas, el discurso se ha ido moldeando a lo largo de los últimos meses. De “Los docentes deberán rendir evaluaciones de conocimiento y desempeño, cuyos resultados impactarán en su salario” (Declaraciones de Esteban Bullrich en Perfil, febrero 2011), a “conocernos más para enseñar mejor”, como es el lema de la campaña de difusión o “la única consecuencia será la posibilidad de obtener una puntaje”, tal como manifiesta la carta del ministro a los docentes  y  “el único objetivo de estas evaluaciones es recopilar información para aplicarla en la mejora de los procesos de enseñanza” (Bullrich en Clarín, agosto de 2011). Tras estas últimas declaraciones, pareciéramos coincidir en que la evaluación no es una política en sí misma, sino una herramienta para obtener información y lo que se lleva a cabo con ella es efectivamente la política.
Sin embargo, porque tenemos memoria, dudamos de las afirmaciones del ministro de educación, ya que dice querer mejorar y diversificar la oferta de formación del CePA, aunque bien conocida es la política de vaciamiento que la actual gestión ha llevado adelante con esta institución en la cual hoy en día se siguen cerrando cargos y cursos.
Dudamos, porque en este mismo sentido, esta gestión no tiene ninguna política respecto a la venta de cursos, paupérrimos en cuanto a la tan mentada calidad educativa.
Dudamos porque desconoce que los docentes ya somos evaluados año a año por las Juntas de Clasificación y por las conducciones de nuestras escuelas.
Dudamos porque desoyendo nuestras propuestas, pareciera temer a una distribución democrática del capital simbólico y querer configurar los mecanismos para igualarla a la distribución del sistema económico.
Dudamos porque a pocos días del cierre de inscripción a la evaluación llegó a las escuelas la información de que los docentes de segundo ciclo también podían inscribirse (cuando la convocatoria original lo era únicamente para los del primero), evidenciando aún más la improvisación de este poco serio “proyecto de mejora de la educación”. También llegaron cartas personalizadas a nuestros domicilios, con nuestros teléfonos celulares en el sobre (¿resabios de Ciro James?).
Dudamos porque el proyecto de creación del cargo “maestro de maestros”, cumple un papel de mero incentivo para alinearse a las tropas macristas, evadiendo los mecanismos estatutarios y desconoce el rol pedagógico de las conducciones de nuestras escuelas. Durante una mañana de agosto, en una entrevista con Víctor Hugo Morales, el ministro comentó livianamente (y me permito aquí parafrasear) que esta nueva figura alivianaría de su carga de trabajo pedagógico a los directivos, quienes tienen ya demasiada tarea administrativa. ¿Acaso no es desde su conocimiento pedagógico, conformado por su formación y experiencia, que los directivos ejercen su principal incidencia en el sistema? Con esto, la discusión que abre la creación del cargo maestro de maestros, es si lo que presenta como evaluación no es más bien el acceso a un cargo sin respetar el concurso docente. Por otra parte este cargo fomenta la competitividad e individualismo, promueve la escisión entre los compañeros; estas políticas apuntan a romper los lazos solidarios, cada cual corriendo tras unos puntos o unos pesos, no importa el caso. Sin tiempo de evaluar nuestras prácticas, de producir conocimiento. 
Y me permito seguir dudando porque al cierre de esta edición, los trabajadores de la educación de la Ciudad nos encontramos en estado de alerta, reuniéndonos a diario en plenarios por distrito para resistir un nuevo embate, la anulación del artículo 10° del Estatuto del Docente. Cabe aclarar que este artículo es nodal, es el motivo por el cual dicha herramienta legal fue creada. Este artículo establece la constitución de Juntas de Clasificación, quienes clasifican al personal por orden de mérito teniendo en cuenta sus títulos y antecedentes, para el acceso a los distintos cargos.  En suma, resguarda a los trabajadores  y a la Educación Pública de las designaciones arbitrarias de cualquier autoridad, colocando a la escuela pública por fuera del clientelismo del que salió gracias a la lucha de los docentes para lograrlo en el año 1958[1]. Sin él, el Estatuto pasa a ser una regulación del régimen de licencias. 
Este proyecto viene presentado nuevamente en una versión embellecida (ninguna de las explicaciones directas del precedente párrafo son mencionadas, claro) pero vacía de argumentos y llena de mentiras. Duran Barba sigue valiéndose de sus artilugios para encubrir el proyecto claramente neoliberal y dictatorial del gobierno macrista.
La estructura original  de este escrito fue pensada para un boletín que circula en las escuelas, y terminaba convocando al ministro y sus técnicos a discutir. Hoy, convoco a toda la comunidad educativa, a todos los docentes y padres a formar parte de esta lucha. Y anticipo a quienes en nombre de la calidad educativa vacían nuestra escuela y ningunean nuestra tarea, a la “opinión pública” que se deja engañar fácilmente con globitos de colores, que si en los próximos días decidimos; ante la negativa del Gobierno de la Ciudad de permitir el desarrollo de las elecciones de Junta, ante la posibilidad de que se nos arranquen cincuenta años de historia; tomar medidas de lucha, llámense seguramente paro; que quienes estamos día a día en la escuela trabajando, defendiéndola y recuperando el rol central del conocimiento, no dejamos de enseñar sino que enseñamos a luchar. Porque luchar tiene sentido.

*Maestra de 3° de la escuela 10 DE 8




[1] López, Eduardo. En el prólogo del Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.