El Estallido de la Crisis Sociohabitacional
Por Sacha Pujó
sachapujo@elpancholacoca.com.ar
En
diciembre de 2010 la sociedad argentina fue testigo de la irrupción de un
problema que no estaba en la agenda pública, esto es, la crisis en el acceso a
una vivienda. Las tomas de tierras públicas o privadas y las ocupaciones de
edificios fueron las formas de manifestarse de los que no tienen acceso al
derecho a la vivienda. Así se manifestaron los excluidos de ese derecho en las
tomas del Parque Indoamericano y el Bajo
Flores, en la reciente toma del Parque Avellaneda o en Lanús y Quilmes. En el
Parque Indoamericano y el Bajo Flores hubo una presencia de aproximadamente 700
familias que pusieron a la luz pública una problemática que afecta a casi 500
mil personas en la Ciudad
de Buenos Aires (Página 12, 21/03/11)
y cerca de un millón de personas en la Provincia de Buenos Aires (Miradas al Sur, 03/04/11).
Frente
a la irrupción de ese problema sociohabitacional, los medios concentrados de
comunicación actuaron de una manera muy lamentable, como en la mayoría de los
conflictos sociales: alentando a la represión de los excluidos que piden por
sus derechos, y en este caso en particular, también fogoneando la xenofobia de
los vecinos de los monoblocks que conviven con las villas y los sin techo. El
Intendente de la Ciudad
de Buenos Aires Mauricio Macri también se expresó en la misma línea, al pedir que el Gobierno Nacional reprima con la Policía Federal, y
en un gesto demagogia derechista de sentido común, afirmó que el problema de la falta de
vivienda se debía al “fomento de la inmigración descontrolada del gobierno
nacional”. Hecho que además de mostrar su pensamiento xenófobo, muestra una
ignorancia de la existencia de la ciudadanía del Mercosur, pero lo puede decir
porque se basa en la ignorancia que se construye día a día con la realidad que
construyen los medios. Luego de ese episodio Macri apareció en conferencia de
prensa con “un amigo Paraguayo” dando explicaciones, en forma semejante al nazi
que se excusa diciendo que tiene un amigo judío.
El
problema se desató en el caso de la
Ciudad como consecuencia de la desinversión social en vivienda
del gobierno del Pro. Éste sólo destinó el 2% del presupuesto en 2010 para
vivienda del cual ejecutó el 56%, según datos del censo 2010 que extrajeron
investigadores de Sidbaires (Página 12,
21/03/11). Según el mismo informe en la Ciudad de Buenos Aires “163.000 personas viven en
villas y asentamientos precarios. Estos guarismos muestran que la problemática
se ha agravado en los últimos años. Mientras la población total de la Ciudad entre 2001 y 2010
creció un 4,1 por ciento, las personas que residen en villas y asentamientos
aumentaron en un 52,3 por ciento (esto implica que uno de cada dos nuevos
habitantes se alojó en villas)”.
Con
este panorama de la situación, el Gobierno de la Ciudad prometió los títulos
de propiedad a los habitantes de villas, algo que es imposible de realizar sin
antes una urbanización de las villas. Esta promesa motivó las tomas. Las
familias agotaron su espera, su paciencia y se lanzaron a la acción directa
como modo de reclamo para acceder a un derecho al que no tienen acceso. De esta
manera lograron hacer visible una problemática social frente al estado y la
sociedad. Algunas tomas como las del Indoamericano y el Bajo Flores se
levantaron después de negociaciones con el Gobierno Nacional a través de
Desarrollo Social. Se realizó un censo a los habitantes de las tomas con la
promesa de la construcción de viviendas.
El
Gobierno de la Ciudad
sólo pidió desalojar los espacios tomados. En palabras de su jefe de gabinete
Horacio Rodríguez Larreta, prometer una vivienda luego de una toma sería “justificar
un delito, (…) mañana van a tomar cualquier plaza, si total no es delito” (Tiempo Argentino, 04/03/11). Esta
concepción enmarca una protesta por una necesidad social en el delito. Lo
contrario muestra un fallo de la jueza porteña Cristina Nazar que consideró la
toma del Indoamericano como una protesta social, por tanto por fuera del
derecho penal.
Lo que
surge de las expresiones de los gobernantes de la ciudad es una concepción de
ciudadanía restringida sólo a los propietarios. Los que están excluidos no son
ciudadanos y peor, no tienen derecho a ejercer protesta para convertirse en
ciudadanos. Con la promesa de los títulos de propiedad a los habitantes de
villas se pretendía que se conviertan en ciudadanos. Esa ciudadanía restringida
a los propietarios se expresa en un sentido clasista en el Gobierno de la Ciudad, ya que las
usurpaciones de terrenos públicos de los clubes de campo o countrys, o
emprendimientos inmobiliarios al estilo Puerto Madero no se consideran
ilegales.
La
problemática sociohabitacional tiene relación con el acceso al suelo urbano. Si
bien el Gobierno Nacional desde 2003 viene encarando ambiciosos planes
federales de construcción de viviendas sociales y obras de infraestructura, el
problema paradójicamente parece agravarse. Como afirma Raul Fernandez Wagner
“el problema supera a la vivienda y asume complejidad como cuestión por las
condiciones particulares del “habitar” urbano que conjugan un conjunto de
bienes y servicios re-mercantilizados, sujetos a una progresiva valorización
del suelo y su régimen de posesión y uso exclusivo”. Concretamente la acción
del estado al valorizar el suelo aumenta la especulación y las rentas de los
agentes inmobiliarios que se aprovechan de la falta de regulación de la
distribución espacial. El acceso al suelo está regido por las condiciones de
mercado, donde en la anarquía del capital siempre triunfa el más poderoso.
El Derecho a la Ciudad
La
problemática que irrumpe con las tomas y ocupaciones es la dificultad de una
cantidad importante de población de acceder a suelo urbano. De lo que se trata
mas concretamente es del derecho a la ciudad. Partimos de la idea de que la
ciudad es un valor de uso complejo en el sentido de que provee una organización
del espacio para la producción y circulación de personas y mercancías, y una serie de servicios accesibles a los
habitantes de ella (efectos útiles de la aglomeración)[1]. Una ciudad que es el resultado de un modo de
urbanización capitalista, esto es, una multitud de procesos privados de apropiación
y producción del espacio.
El
déficit habitacional es un problema más complejo que la “falta de viviendas”,
es un problema sociohabitacional, pues es necesario considerar no sólo las
características físicas o sus condiciones de habitabilidad, sino también los
“servicios habitacionales que alude a la satisfacción de otras necesidades
humanas tales como albergue, intimidad familiar, espacio de relaciones
sociales, seguridad, identidad, medio ambiente sano, accesibilidad a los medios
de transporte y al equipamiento social”[2].
Se
expresa entonces un problema que supera a la vivienda en sí misma. Ser poseedor
del derecho al uso del espacio urbano hace referencia a la posibilidad de
disponer no sólo de la vivienda, si no además de un sinnúmero de otros bienes y
servicios (fuente de trabajo, transporte, recreación, educación, salud y
servicios públicos) en virtud de la relación espacial entre éstos y el lugar de
residencia[3].
Los bienes y servicios que ofrece la ciudad tienen una distribución desigual,
lo que implica que las posibilidades de acceso a los mismos dependen del lugar
de residencia.
La
“rebelión de los inquilinos”, ya que el 40% de los que viven en las villas son
inquilinos[4],
es el resultado de un proceso de fuerte exclusión social cristalizado en las
políticas del gobierno de Macri. La imposibilidad de acceder a una vivienda en
el mercado, que incluso afecta a sectores medios, sumado al desprecio de
cualquier política de vivienda social y a los desalojos compulsivos en las
situaciones de irregularidad en la propiedad, son hechos que dispararon la
acción directa de las tomas, sin olvidar la promesa de títulos de propiedad sin
urbanizar las villas.
En
Buenos Aires la segregación residencial da cuenta de la desigualdad que
adquiere la distribución espacial de la población. Las villas se concentran en
la zona sur, donde la inversión es mucho menor que en las comunas de la zona
norte. A esto se suman indicadores como nivel de ingresos y mortalidad infantil
que son muy distintos según sea zona norte o sur. “Los ingresos que perciben quienes
viven en la Comuna
2 son un 250 por ciento más altos que los percibidos por quienes habitan en la Comuna 8; algo similar
ocurre con la mortalidad infantil: en el norte es del orden del 5,1 por ciento,
mientras que en los barrios del sur se ha incrementado en los últimos años,
llegando al 12,8 por ciento” (Pagina 12,
21/03/11).
Es
indudable que se requiere una reforma urbana como se ha señalado desde
ambientes académicos y desde organizaciones territoriales. Una ley que regule
las condiciones de acceso a suelo urbano. En esto es esencial el papel del
Estado para regular los emprendimientos inmobiliarios privados ya que de
continuar el acceso a suelo urbano y la vivienda de acuerdo a las leyes del
mercado implica seguir profundizando la desigualdad y fragmentación social. Es
necesaria una legislación que garantice el acceso y ocupación de suelo urbano
para los sectores populares.
[1] Topalov, Christian: “La Urbanización Capitalista,
algunos elementos para su análisis”, Edit. Edicol, México
[2] Oscar Yujnovsky: “Claves políticas del
problema habitacional argentino”. Grupo Editor Latinoamericano
[3] Oslak, Oscar:
“Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano”. Buenos Aires,
1991, Centro de estudios de estado y Sociedad.
[4] Cristina Cravino: La Rebelión de los
inquilinos. http://www.cafedelasciudades.com.ar/
