El Campo, La
CANPO y la
Ley de Tierras
Por Mauricio José
Amiel
mauricioamiel@elpancholacoca.com.ar
El pasado 20 de abril se
inauguró, con la presencia de la
Presidenta, otro frente institucional de lucha para
configurar una nueva manera de hacer política en el país: la Corriente Agraria
Nacional y Popular, la
CANPO. El plan ya había sido armado por Néstor un tiempo
antes de su repentina muerte física.
Esta corriente, formada por veterinarios, productores, semilleros,
ingenieros, abogados y otras personas vinculadas directamente con el sector
agropecuario, apuesta a conformar un frente político que luche por un campo
diferente al que desean quienes están representados en la Sociedad Rural o la Federación Agraria. La lucha es por: “Garantizar en primer lugar el derecho a la alimentación de toda la
población y, consecuentemente, la seguridad alimentaria tanto en calidad,
cantidad, precio y variedad; democratizar el acceso a la Tierra para su utilización
productiva y en defensa de la soberanía, manejo, conservación y acceso a los
recursos naturales nacionales; presevar el medio ambiente para las generaciones
futuras y reivindicar la activa participación del Estado para el logro de estos
fines”[1]. Este último punto es fundamental,
es el cambio de paradigma que nos ha permitido salir del pantano económico en
el que nos dejó el neoliberalismo brutal de las décadas anteriores, el cual
abrió la posibilidad de adquirir tierras –un bien no renovable, estratégico
para el posicionamiento de las economías nacionales en el mapa económico global
- libremente por personas físicas o jurídicas extranjeras, entre ellas
representantes del capital financiero internacional, lo que redundaba sin más
en la fuga de capitales mediante la explotación de nuestros recursos naturales.
Obsérvese que la entera libertad dada a las empresas también fue dada a los
sectores productores del agro, lo que derivó en una producción dirigida al más
fácil y rápido enriquecimiento (puntualmente se trata de la producción de soja
para exportación, que redujo el sector ganadero en 14 millones de hectáreas,
generando un aumento del precio de la carne en el mercado interno). Parte de
esta activa participación forma la
propuesta de ley que la presidenta anunció el 27 de abril por cadena nacional.
La “Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de Tierras Rurales”, más conocida como Ley de Tierras, propone limitar
la compra de tierras por parte de extranjeros a 1000 hectáreas y
hasta un 20 % del total de las que dispone el país. Para dar cuenta de estas
cantidades se creará (el vaticinio se justifica ya que la ley encuentra apoyo
en los más diversos actores políticos, incluidos algunos radicales y la Federación Agraria,
por ejemplo) también el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es para tener en
cuenta que la Ley
no es retroactiva, por lo que no perjudica a aquellos propietarios que hayan
adquirido sus tierras bajo otras disposiciones legales. Cuestión ésta que
contenta a varias empresas y particulares extranjeros que poseen increíbles
cantidades de Tierra contradiciendo la supuesta “chavización” del gobierno
argentino (piénsese nada más en Benneton, que en el sur tiene 900.000 hectáreas
nada más que para criar ovejas y esquilarlas; prácticamente no genera trabajo
ni deja ganancias en el país, ya que la lana se exporta tal cual la sacan para
ser luego lavada y procesada en Europa; aun así tienen el tupé de desalojar
comunidades mapuches que han vivido en esas tierras –MAPU, en mapuche- desde tiempos inmemoriales, razón por la cual
les pertenecen). La ley tiene precedentes en varios países, entre los cuales
Cristina mencionó Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia. Podría
haber mencionado también a nuestros país hermano Bolivia, que propuso hace unos
años una Ley de Tierras que establecía un límite a la propiedad que, si bien
tampoco era retroactivo, disponía que aquellas tierras que permanecieran sin
ser trabajadas serían rentadas por el gobierno para ser dadas a campesinos que
sin duda las aprovecharían. Ésta ley también proponía un régimen de descanso
para la Tierra,
según la composición de la misma en las diferentes zonas, cosa que afecta
directamente a la producción de soja, que, tanto allá como acá se produce de
manera ultraviolenta, no sólo contra la Tierra sino contra las personas (muchas veces
niños) que trabajan en ella por causa de los químicos que usan para matar todo
lo que no sea soja. La idea de un cambio de paradigma en la concepción de la
producción agrícola-ganadera que sostiene la CANPO debería apuntar, entre otros objetivos, a
este cuidado responsable de la
Tierra.
Aunque TN denigre la ley diciendo
que el gobierno propone una “nueva ruralidad”, así entre comillas, dando a
entender que no será una verdadera nueva ruralidad; aunque algunos sectores,
como el forestal, ya hayan comenzado sus contraataques, tenemos que apostar
ahora a que se genere verdaderamente este cambio; que, además de controlar la
posesión de la Tierra
el gobierno, ahora con la ayuda de la
CANPO (que resultará indispensable en esta tarea), disponga
regímenes de cuidado y diversificación de la producción que favorezcan no sólo
el crecimiento de los capitalistas nacionales, sino la seguridad alimentaria de
toda la nación. En esta línea vienen también hace un tiempo los créditos que el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está entregando a los productores
ganaderos. (¡Que bien estaría que baje la carne!) La apuesta también es a
regular las situaciones laborales de los trabajadores rurales que
históricamente han sido vapuleados por sus patrones (aún existiendo el estatuto
del peón rural). Esta lucha está siendo
ya encarada por AFIP, pillando a los explotadores por tener a sus empleados en
negro, pero también por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la
secretaría de Derechos Humanos, que promueven que se revea la ley de Trabajo
Rural a la vista de la lucha contra la trata de personas.
